América Latina y el Caribe

  • Radar Latinoamericano: Burocracia, choque cultural y poder

    Carla Almeida

    16/05/16

De un vistazo

  • Burocracia en la región obstaculiza o incluso frena la realización de sus estudios, afectando el progreso científico

  • Las actuales normas creadas para regular estudios biomédicos, no se ajustan a especificidades de otras áreas

  • Científicos de las áreas humanas y sociales luchan para adecuar las normas a las particularidades de sus investigaciones

La burocracia es un viejo enemigo de la ciencia latinoamericana. La dificultad para importar material de investigación, las tortuosas rendiciones de cuentas y el mar de informes que deben atender —si no logran volver locos a los investigadores— pueden ser verdaderos obstáculos o hacer inviable la realización de sus estudios, frenado el progreso de la ciencia en la región.
 
En medio de una serie de intentos destinados a desburocratizar el sistema científico y facilitar el trabajo de los investigadores, científicos brasileños de áreas humanas y sociales se movilizaron durante al menos cuatro años para promover cambios en el marco ético-jurídico que regula todos los tipos de investigaciones que involucran a seres humanos en el país, y que es motivo de descontento en este grupo de la comunidad científica.
 
No se trata de que los investigadores de ciencias humanas y sociales sean contrarios a los principios éticos que guían tal reglamento, como el respeto a la dignidad humana y la protección de los sujetos de investigación. La cuestión es que sus normas, creadas principalmente para regular estudios en las áreas biomédicas, no se ajustan a las especificidades de sus áreas.
 
El principal problema del sistema es imponer las mismas reglas para la investigación “en” seres humanos, con el fin de, por ejemplo, desarrollar y probar nuevos medicamentos, y con la probabilidad de alterar su naturaleza biológica; y de la investigación “con” seres humanos, que utiliza etnografía, observación y entrevistas para comprender comportamientos sociales, con la posibilidad de cambiar sólo su naturaleza simbólica.
 
Agrava la situación que todo el sistema esté bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, que están formados principalmente por representantes de áreas médicas. Ellos, además de los aspectos éticos, vienen juzgando el mérito científico de la investigación sin contar, muchas veces, con la experiencia necesaria.
 
Estas y otras inconsistencias e incompatibilidades resultan en situaciones complicadas y embarazosas. Como la de un antropólogo que estudia a los indios kanamari y que necesita obtener un documento firmado por ellos, que no tienen cultura letrada, diciendo que aceptan participar en el estudio, considerado de alto riesgo por el simple hecho de involucrar indígenas.
 
Raíces históricas

La primera pregunta es: ¿por qué el debate y las decisiones sobre la ética de la investigación científica que involucra seres humanos están concentradas en órganos de salud y áreas biomédicas? Y, ¿por qué y cómo las reglas específicas de esos campos pasaron a valer para otros de naturaleza completamente distinta?
 
Una parte importante de la explicación radica en la historia. Las discusiones sobre la ética en la investigación comenzaron con el final de la Segunda Guerra Mundial, en respuesta a los crímenes cometidos en nombre de los avances en la medicina. Algunos de ellos involucraron, por ejemplo, la infección de individuos sanos mediante picaduras de mosquitos y la ausencia de tratamientos para las personas lesionadas para verificar el proceso de gangrena.
 
Fue en este contexto que surgió el Código de Nuremberg, en 1947, el primer documento internacional que busca promover parámetros normativos universales basados en principios éticos para proteger a los participantes de experimentos científicos. Después de él surgieron otros con intenciones similares, no siempre capaces de evitar atrocidades en la misma línea.
 
A principios de los años 70, por ejemplo, estalló el escándalo del caso Tuskegee, un experimento en el sur de Estados Unidos, en el que unos 400 hombres negros pobres con sífilis no recibieron tratamiento con el objetivo de observar cómo era la progresión natural de la enfermedad. Después de eso, las normativas sobre la ética en la investigación con humanos necesitaron fortalecerse y endurecerse.
 
La legislación brasileña sobre el tema se basa en los principios generales de estos documentos y se ha discutido sobre todo en el ámbito de la salud, por profesionales e investigadores en el área médica, lo que es fundamental y, hasta cierto punto, tiene sentido.
 
El problema es que sus normas y directrices, con ajustes aquí y allá, se fueron extendiendo a todas las investigaciones que involucran humanos, sin la debida consideración sobre la diversidad de las tradiciones de investigación que desarrollan estudios de esta naturaleza y sus diferencias epistemológicas.
 
¿Lentitud o lucha de poder?

La segunda pregunta que se plantea es más compleja: ¿por qué es tan difícil cambiar eso?
 
No falta voluntad y esfuerzo por parte de los científicos sociales. Representados por diferentes entidades y asociaciones, ellos iniciaron acciones en un intento de adaptar todo el sistema que rige a la ética en la investigación, de modo que se consideren las peculiaridades de sus campos.
 
Una conquista importante se produjo en abril de este año, cuando fue aprobado por el Consejo Nacional de Salud, con modificaciones, un proyecto sobre la ética en la investigación en las ciencias humanas y sociales. Fue el resultado de los esfuerzos de un grupo de trabajo establecido en el ámbito de la Comisión Nacional de Ética en la Investigación —órgano máximo del sistema—  para discutir el tema.
 
Se consideraron como logros importantes, entre otros, la adopción de un sistema de evaluación con grados de gravedad de riesgos y la consiguiente tramitación diferencial de proyectos en el sistema; la restricción de la evaluación del sistema solo a las dimensiones éticas de los proyectos, y la exigencia de igual composición entre los dos grandes grupos de ciencias en sus juntas.
 
Sin embargo, tales conquistas solo pueden ser celebradas cuando el proyecto sea firmado por el Ministerio de Salud, que aún no tiene previsto hacerlo. Tampoco hay previsión de cuándo será implementada la instancia encargada de acompañar la aplicación de la nueva resolución, ni cuándo se reanudará el debate sobre los grados de riesgo, sin la cual la resolución no tiene sentido.
 
O sea, todavía hay un largo camino por recorrer, con alta probabilidad de obstáculos. Digo esto porque el diálogo entre las instituciones médicas y de salud al frente del sistema, y las organizaciones de ciencias humanas y sociales que quieren cambiar la situación, no ha sido muy tranquilo. Y aquí viene una reflexión sobre el cuestión ya detallada.
 
Para las áreas biomédicas, el marco regulador funciona relativamente bien a pesar de los obstáculos burocráticos. Tampoco debe causar molestias la posición que ocupan ni el poder de decisiones que tienen en el sistema actual. ¿Sería conveniente mover eso, es decir, transferir parte de ese poder a las ciencias humanas y sociales?
 
La impresión que queda es que el caso del marco regulatorio sobre la ética en la investigación en seres humanos va más allá de los típicos problemas de la burocracia de América Latina, que también implica luchas de poder y expone la brecha que aún existe entre las dos culturas.